Revelaciones de una trabajadora de emergencias sobre la comunicación entre altos cargos durante la catástrofe
Una empleada de la Generalitat Valenciana ha declarado ante la jueza que investiga la DANA de octubre de 2024 que los principales responsables del Ejecutivo de Carlos Mazón recibían información constante sobre la magnitud de la tragedia que dejó 228 fallecidos. Sin embargo, la notificación de emergencia a la población se envió horas después. Para entonces, ya se habían producido numerosas víctimas.
Según las fuentes presentes en la comparecencia de la testigo, Cristina V., técnica de Emergencias, los altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos el subdirector de Emergencias y el exnúmero dos de Justicia e Interior, conformaban un grupo de comunicación por SMS. Mediante este grupo recibían datos sobre la gravedad de la situación.
«Los dirigentes del Consell del área de emergencias fueron advertidos de la magnitud de la inundación a través de informes de seguimiento. Que se emitieron varios de estos documentos -que incluían datos sobre llamadas, rescates y situación de las carreteras- durante la aciaga jornada.»
Estas revelaciones contradicen las versiones de los dos exaltos cargos imputados en la causa, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, quienes han defendido que no fueron alertados de la dimensión de la DANA. Ellos han descargado su responsabilidad en los técnicos y organismos gubernamentales.
La Generalitat conocía los avisos meteorológicos sobre la tormenta
La testigo también ha indicado que la Generalitat «era conocedora de los avisos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Nueve días antes previó lo que se avecinaba. Y el mismo 29 de octubre, a las 7.36 horas, emitió un aviso rojo, el máximo de la escala. Este se activa ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.
«En base estos avisos, hicimos las alertas (sic)», ha recordado la testigo.
Sin embargo, la técnico de Emergencias ha relatado que cuando abandonó su puesto, a las 7.00 horas de la tarde, no era consciente del riesgo del barranco del Poyo. Este sitio fue el epicentro de la catástrofe tras su desbordamiento.
«Y que no había visto los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla los caudales, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).»
Tras escuchar el testimonio, la abogada de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, Mamen Peris, ha adelantado que pedirá a la jueza más información sobre el flujo de datos a los altos cargos de Emergencias. Además, solicitará información sobre cómo se gestionaron los informes de seguimiento.
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